MARCO JURÍDICO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL DE LA ETNOEDUCACION
La política educativa que ha asumido el Estado, a partir de 1991, ha sido inclusiva en cuánto a mejorar la educación que se imparte a las comunidades minoritarias y grupos étnicos mediante la participación de éstos, sin embargo, los esfuerzos no han sido suficientes y los índices de analfabetismo en muchas comunidades siguen siendo muy altos.
Los motivos para que dicho objetivo no se haya alcanzado fueron expuestos en el primer capítulo, algunos de ellos, la educación en manos de la Iglesia Católica, una Constitución centralista patrocinadora de la primacía de una única lengua dentro del Estado, el tratamiento desigual hacia miembros de los grupos minoritarios y la participación nula de las comunidades minoritarias en los diferentes estamentos públicos.
Desde la década de 1970 el espacio hacia una educación diferenciada para comunidades minoritarias se iba abriendo, sin embargo, con un marco constitucional tan cerrado era difícil lograr el cambio.
Con la publicación del Decreto 1142 de 1978 se recogen las particularidades de la educación indígena, planteando desde entonces que su educación debe estar de acuerdo a su entorno cultural, natural y social.
Con el Decreto 85 de 1980 se faculta el nombramiento en las comunidades indígenas de personal bilingüe que no reúna los requisitos académicos exigidos a los demás docentes y el Decreto 1498 de 1986 establece que los nombramientos para maestros indígenas no están sometidos al sistema de concurso. Se vislumbra ya el problema de la profesionalización del docente indígena.
Dicho problema se hace latente también con la Resolución 9549 de 1986 emanada del MEN, donde se reglamenta el Decreto 2762 de 1980, en el sentido de autorizar y organizar un sistema especial de profesionalización de maestros indígenas. Las autoridades estatales se percataban una vez más, que los requisitos para quienes iban a enseñar a la cultura mayoritaria debían ser diferentes a los exigidos a quienes iban a impartir una educación diferenciada.
Fue a partir de 1991 que la etnoeducación tomó un viraje y las perspectivas para su análisis cambiaron desde el punto de vista jurídico, la Constitución, marco general legal de todo Estado cambió y se ampliaron por lo tanto, las regulaciones especiales.
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